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Andrés Navarro Asegura Que Alianza Entre Escuela Y Familia Evitará La Violencia Y El Crimen.

Precisó que la criminalidad y la violencia no se van a acabar simplemente con persecución y el incremento de las sanciones; ni tampoco se evitará que los muchachos se involucren en malas prácticas si no hay una eficaz conjugación de acciones entre la familia y la escuela.
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que el ambiente de violencia y de criminalidad que pueda amenazar cualquier sociedad, sólo es posible enfrentarlo de manera efectiva con el involucramiento activo y comprometido de las familias con las escuelas, en la generación de ciudadanos y ciudadanas que propicien una cultura de paz.
Al encabezar el quinto taller de validación “Orientaciones para la Comprensión del Currículo por Competencias”, dirigido a más de un centenar de representantes de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela del nordeste del país, Navarro señaló que el país puede lograr una generación de nuevos ciudadanos y ciudadanas de paz, a través del nuevo currículo por competencias, “pero hay que hacerlo desde que comienzan a crecer en el hogar y a formarse en la escuela”.
Precisó que la criminalidad y la violencia contra la mujer, intrafamiliar o entre vecinos no se van a acabar simplemente con persecución y el incremento de las sanciones; ni tampoco se evitará que los muchachos se involucren en malas prácticas si no hay una eficaz conjugación de acciones entre la familia y la escuela.
“Si la familia se suma a esta Revolución Educativa que se está experimentando en los centros educativos, a través de este currículo por competencias, es seguro que vamos a tener ciudadanos con sentido de pertenencia a la familia, a la sociedad, a la escuela; ciudadanos que van a promocionar el desarrollo de los demás. Es así como ustedes verán que podremos andar en las calles y en los espacios públicos en paz y tranquilidad. De esto se trata”, aseveró.
Expuso que sólo la conjugación escuela-familia propiciará un clima de paz y armonía en los estudiantes, así como un sentido de pertenencia a su hogar, a la escuela y a su comunidad, en el objetivo de propiciar en ellos vínculos que aporten a su desarrollo personal.
“Ese sentido de pertenencia en los estudiantes no puede ser a una pandilla o a un grupo delictivo, sino a la familia, a la escuela, la iglesia, actividades deportivas y al arte.  Es decir, preparar sus metas y sus objetivos. Eso lo vamos a lograr con esta ruta que hemos emprendido”, expuso.
El funcionario destacó que sólo con la labor del maestro en la consecución de los aprendizajes no se podrán alcanzar las metas trazadas en la Revolución Educativa, sino que es necesario el concurso de las familias, especialmente en los objetivos de lograr que los estudiantes logren desarrollar conocimientos y las habilidades de competencias necesarias en las áreas conductuales fundamentales.
“En la escuela se podrá adquirir conocimientos, pero para desarrollar actitudes y patrones de comportamiento se requiere la participación del calor del hogar, razón fundamental por la que les hemos convocado. Buscamos defender derechos de la familia como son la información, participación y de control-seguimiento”, refirió.
Enfatizó que los derechos familiares también envuelven deberes frente al proceso de educación, “por lo que les aseguro que, si asociamos la familia con la escuela en el trabajo de esos objetivos, vamos a lograr transmitir y desarrollar valores en la vida de nuestros hijos”.
El encuentro se constituyó en un instrumento de participación activa de los padres, madres y amigos de la escuela, en la consecución de las competencias de los estudiantes, lo cual les proporciona el derecho a la información de la educación que recibirán los alumnos en los planteles escolares públicos y privados, además de los objetivos del año escolar y el derecho al seguimiento.
La iniciativa vinculante es un proceso de validación que generará un cambio de cultura en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, dotando a los padres de la información de lo que se está haciendo con sus hijos en las escuelas, lo que implicará que otros sujetos se incorporen a la cotidianidad docente.
La profesora Mariel Altagracia Santos Mora, directora regional de Educación, pronunció las palabras de bienvenida al ministro Navarro, a las familias y al resto de las personalidades asistentes.
En tanto, Carmen Sánchez, coordinadora Pedagógica del viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, tuvo a su cargo las palabras introductorias con la modalidad de validación para la construcción del diseño curricular.
Mientras que Ángela Español, coordinadora del Portafolio Educación de la Fundación Inicia, entidad asesora, presentó los borradores del currículo a los representantes de las APMAE y a las entidades vinculadas al desarrollo de la educación, al tiempo que aclaró que no se trata de un taller formativo, sino de validación para conocer las opiniones de las familias.
“La familia necesita comprender lo que reciben sus hijos para poder apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. Y este encuentro de validación es una acción de responsabilidad del Ministerio de Educación y de verdadera participación comunitaria”, dijo.
Agregó que las reflexiones de los padres deberán ser exigencias de lo que quieren para sus hijos, “pero también conocer cuáles son sus deberes como familia para apoyar el proceso que la escuela ofrece, con la garantía de que se alcanzará un aprendizaje de mucha calidad”.
El coro de niños de la Escuela Divina Providencia, dirigido por el profesor Henry Hierro, bajo la rectoría de las religiosas de la Congregación Hermanas de Jesucristo, puso el ambiente musical con hermosas interpretaciones
Tras la validación nacional del documento, ya conocido por las familias de Azua, Santiago y Santo Domingo I y II, se realizará una edición final del currículo que se distribuirá entre los padres de 1.7 millones de estudiantes de centros educativos públicos y 600 mil de colegios privados.
El taller, organizado por el viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, y las direcciones de Currículo y de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, se desarrolló en uno de los salones del hotel Las Caobas.

Participaron representantes de decenas de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela (APMAE) de centros públicos y privados, y técnicos de gestión educativa, entre otros invitados de las regiones Duarte, Samaná, La Vega y Sánchez Ramírez, respectivamente.
Asimismo, Aslini Ernesto Brito Gómez, director de la Regional de Educación 06-La Vega; Edwin Ramón Tejada García, de la Regional 14-Nagua y Johanna Del Carmen Ramírez Del Monte, de la Regional 16-Cotuí. También los directores de los distritos educativos 06-01 José Contreras, 06-02 Constanza; 06-03 Jarabacoa; 06-04 La Vega Oeste; 06-05 La Vega Este; 06-06 Moca; 06-07 Gaspar Hernández; 06-08 Jamao al Norte; 06-09 San Víctor y 06-10 Jima Abajo.
Igualmente, 07-01 San Francisco; 07-02 Salcedo; 07-03 Castillo; 07-04 Villa Riva; 07-05 San Francisco Sur; 07-06 San Francisco Norte; 07-07 Villa Tapia; 14-01 Nagua; 14-02 Cabrera; 14-03 Río San Juan; 14-04 Samaná; 14-05 Sánchez; 14-06 El Factor y 14-07 Las Terrenas. Además de 16-01 Cotuí; 16-02 Fantino; 16-03 Cevicos; 16-04 Bonao Suroeste; 16-05 Piedra Blanca; 16-06 Bonao Nordeste y 16-07 Villa La Mata.
Al quinto taller asistieron, además, Julio Santana, director de Gabinete del Ministerio de Educación; José Remigio García, de Currículo; Miguel Fersobe, de Participación Comunitaria; Minerva Pérez, de Orientación y Psicología; Francisco Javier Mayí, de las APMAE de los colegios privados, y Rolfi Santos Rojas, de los centros escolares públicos, además de Miguel Medina, de Comunicaciones del Ministerio de Educación, entre otras personalidades.
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Fundación Cormidom electrifica poblado de 20,104 habitantes en Maimón

La entidad sin fines de lucro instaló una línea de transmisión eléctrica en un área de 1,397.97 metros lineales en la comunidad Los Martínez. 
Maimón, Monseñor Nouel. – Como parte de sus iniciativas de bienestar social emprendidas en el municipio de Maimón, la Fundación de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) se dispuso a electrificar un área de 1,397.97 metros lineales en la comunidad Los Martínez de esta demarcación. 
El sector Los Martínez, en el que residen aproximadamente unas 20,000 personas, contará con una nueva línea de transmisión eléctrica aérea monofásica de 2,400 voltios, en un área que abarcará desde el centro de la comunidad y culminará en el campo (play) de béisbol homónimo del pueblo.
Para el representante de la Fundación y Director de operaciones de Cormidom, Jonathan Ruiz, suplir las necesidades energéticas de los comunitarios y las familias es un factor vital para su desarrollo, ya que contar con el referido acceso de manera permanente les permite agilizar sus tareas diarias y promover el emprendimiento desde sus hogares.
Ruiz afirmó que la organización sin fines de lucro que dirige junto a un equipo multidisciplinario, tiene como misión ser un canal para la sostenibilidad de las personas que habitan en las zonas cercanas a la mina Cerro de Maimón, como es el caso de Los Martínez.
Para los trabajos de instalación y funcionamiento de la nueva línea de transmisión energética, la entidad destinó más de 4.2 millones de pesos al Grupo Empresarial JNS, contratada para materializar la iniciativa que adecuará las casas y espacios públicos de dicho sector.
La empresa contratista tiene a su cargo retirar la antigua red, instalar y conectar la nueva línea de energía monofásica con el sistema nacional de electricidad, así como una poda de árboles para el óptimo funcionamiento de estos servicios.
Sobre la Fundación
La Corporación Minera Dominicana, a través de la Fundación Cormidom, ha puesto en marcha diversos proyectos de desarrollo en las diferentes comunidades que conforman el municipio de Maimón, el remozado de escuelas y centros sanitarios, arreglo de calles, creación y remodelación de espacios públicos e instalaciones deportivas, respaldo a proyectos desarrollados por el ayuntamiento y la capacitar cientos de jóvenes en las áreas técnicas, así como el otorgamiento de becas universitarias y la implementación de programa de alfabetización.
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Ministerio Público desmantela red de trata de personas, cierra Pink Pony Bar y arresta dos personas

Resaltó que esta acción se enmarca dentro del plan institucional impulsado por el procurador Jean Rodríguez para fortalecer la prevención y persecución de esos delitos, disponiendo de mayores recursos económicos, humanos y de logística para enfrentar con más  efectividad esa actividad del crimen organizado.

SANTO DOMINGO, D.N.- Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar, por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de una  red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario y una mánayer.

El Ministerio Público informó que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional, el propietario del establecimiento de diversión del sector Los Prados de la capital y quien se presume dirige la red, el dominico americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la mánayer de nacionalidad dominicana Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada en dicho negocio.

La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.

Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.

Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años de edad, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.

Tras ofrecer los detalles del caso mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que los allanamientos fueron realizados mediante las órdenes judiciales No. 0064-JUNIO-2018, No. 0062-JUNIO-2018 y No. 0059-JUNIO-2018, del pasado 22 de junio, que fueron emitidas por los citados delitos en los que se estaría incurriendo en dicho bar.

El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían hacia la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.

Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana, los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para el análisis de rigor. También, dijo que confiscaron  documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.

Precisó en ese mismo orden, que además del allanamiento realizado en el bar y en la residencia del propietario del negocio, también fue allanada la vivienda de la madre de éste en el mismo sector Bella Vista, donde el arrestado guardaba documentos relacionados al negocio Pink Pony Bar, siendo confiscados en dicha residencia títulos de propiedad del negocio y pasaportes de las víctimas.

En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.

El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que luego que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba la víctima.

De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país y según informaciones obtenidas por un pasaje que cuesta US$120 dólares les querían cobrar hasta 2,000 dólares.

En referencia a este caso, el Ministerio Público señaló que lo llevará hasta las últimas consecuencias, destacando que procurarán que contra los imputados se imponga prisión preventiva.

La información destaca que esta acción se produce en el marco del plan institucional puesto en marcha por el procurador Jean Rodríguez para garantizar una labor más efectiva y oportuna contra la trata de personas, tanto en materia de prevención como de persecución, disponiendo de más personal capacitado en el tema, más recursos económicos y más  herramientas para el combate efectivo de ese delito del crimen organizado.
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Procurador coordina lucha contra crímenes y delitos

Traza plan de trabajo con fiscales del país para reforzar la persecución de los robos, contaminación sónica, así como el crimen organizado, la trata y tráfico de personas, los homicidios, el narcotráfico y el lavado de activos, entre otros.

SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, se reunió con miembros del Ministerio Público titulares de dependencias de todos los departamentos judiciales del país, con el propósito de evaluar y plantear nuevas acciones que en todo el país, desarrollando un plan de trabajo contra el crimen y los delitos comunes.

Durante el encuentro, que contó con la participación de los titulares de las diferentes fiscalías, procuradores adjuntos, representantes de las procuradurías especializadas y procuradores de cortes de apelación, fueron analizadas las principales problemáticas que afectan a las comunidades en el ámbito de competencia del Ministerio Público, planteando soluciones y acciones concretas.

El magistrado Rodríguez dijo que procedieron a analizar el plan de trabajo que desarrolla el Ministerio Público en todos los distritos judiciales del país, con el objetivo de verificar cuáles acciones deben seguirse implementando y cuáles ameritan ser reforzadas de acuerdo a los delitos más frecuentes por zonas.

En ese sentido, tras expresar que ha escuchado a la ciudadanía luego de haber recorrido todas las provincias del país, sosteniendo encuentros con los comunitarios y las autoridades, conoce de primera mano las reales necesidades de la ciudadanía y manifestó que “en el Ministerio Público además de las acciones que realizamos contra los graves hechos del crimen y la delincuencia organizada, debemos dar mayor seguimiento a los delitos que ocurren con más frecuencia en las comunidades afectando la paz y la seguridad de nuestra gente ”.

Además, agregó “cada sector del Gran Santo Domingo y las comunidades de las diferentes provincias del país son afectadas de manera recurrente por delitos específicos y actividades de la delincuencia común, por ello, deben ofrecer una respuesta focalizada, con nuevas estrategias que junto a la Policía Nacional, la DNCD y otras autoridades, permitan lograr resultados favorables contra esos delitos y llevar tranquilidad a la ciudadanía y los he convocado a esos fines”.

El máximo representante del Ministerio Público dijo que trabajan para procurar que la sociedad esté más segura y disminuir tanto los delitos comunes como los robos, la contaminación sónica así como los graves hechos del crimen organizado, entre ellos, la trata y tráfico de personas, los homicidios, el narcotráfico y el lavado de activos.

Destacó en ese mismo orden, que también hacen grandes esfuerzos y están adoptando importantes decisiones para aplicar la ley en todos los casos con el mayor rigor posible y reducir las estadísticas en los casos de violencia de género, pornografía infantil y los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, el tráfico de armas y el uso ilegal de armas de fuego, los delitos de alta tecnología y los relacionados al medio ambiente, además de la falsificación de medicamentos y otros productos que atentan contra la salud.

“estamos avanzando en la modernización del Ministerio Público, creando una nueva estructura en la lucha contra las citadas actividades delictivas, implementando nuevas estrategias para mejorar la capacidad de respuesta de nuestra institución y atender de manera adecuada cada una de las demandas de la población”, expresó.

Explicó que dentro de las acciones para mejorar la respuesta a esos delitos han convocado a concursos públicos para ingresar nuevos fiscalizadores, se ha instalado una nueva plataforma tecnológica para dar un mejor seguimiento a los procesos de investigación, ha sido adquirida una nueva flotilla de vehículos utilitarios que han sido asignados a diferentes dependencias, así como distintas herramientas para mejorar todos los procesos.

La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República, informó que el encuentro se llevó a cabo en la sede de la institución con la participación de los titulares de las fiscalías de las distintas jurisdicciones, la Dirección de Persecución, procuradurías especializadas de Antilavado de Activos, Tráfico de Armas, Trata y Tráfico de Personas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Delitos de Alta Tecnología, Medio Ambiente, de la Salud y de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
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EDESUR instala transformador en Subestación Matadero

La empresa Edesur Dominicana, instaló este fin de semana un transformador en la Subestación Matadero, con el objetivo de aumentar la calidad del voltaje en diferentes sectores del Distrito Nacional.
El equipo instalado tiene una capacidad de 40 megavatios  y busca garantizar un suministro de mayor calidad al momento en que concluyan los trabajos.
Entre los sectores que serán beneficiados con estos trabajos se encuentran La Paz, Matahambre, Enriquillo, San Juan, km 8 de la avenida Independencia, San Miguel, San José, Roca Mar, Jardines de Sur, Dominicanos Ausentes, Mar Azul, Alfirmar, Ofelia, El Coral, Las Acacias, Villa Diana, Liga Municipal Dominicana.
Los residenciales, Sr. Manuel Troncos, KG, Esther rosarios desde la Avenida Independencia hasta la Cayetano Germosen, Catastro, Residencial El Túnel, residencial Claudia Alejandra II, Residencial Manuel Troncoso, El Portal, Átala, Honduras, 30 de mayo, El Cacique Costa Brava, La Paz así como las urbanizaciones Jardines del Caribe, Tropical, Beta, Las Auroras.
Con la realización de estos trabajos, la empresa EDESUR tiene el propósito de  aumentar la cantidad de voltaje en los sectores impactados.
La empresa pide disculpas a todos los clientes de esas zonas, por las interrupciones producto de estos trabajos.
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Participación Ciudadana expresa su apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresa su total apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 20 de junio, mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.

Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la Republica le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas. Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos.

Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social. Las campañas electorales ilimitadas provocan:

1.      El costo excesivo de la actividad política y del  acceso a una posición electiva. No hay que abundar en demostrar la enorme cantidad de recursos que se requieren para movilizar personas en las calles, sostener propaganda por diferentes medios y mantener una constante actividad durante varios años.
2.      Los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni públicas ni privadas, por lo cual se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado.
3.      Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.
Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan.  El país no puede permitir que algunos sectores políticos bloqueen los avances institucionales, impidiendo las necesarias regulaciones y, al mismo tiempo, oponiéndose a que el órgano electoral ejerza una función legitima, legal y ampliamente reclamada por la sociedad. Mientras tanto, la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones y, entre ellas, está reglamentar los tiempos y los gastos de campaña. Por otro lado, la Ley Electoral vigente fija el inicio de la campaña en el momento en que la Junta realice la proclama.

Participación Ciudadana apoya esta y todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra organización.

La firmeza de las autoridades electorales es necesaria ahora más que nunca, por cuanto el escándalo ODEBRECHT muestra cómo los partidos y candidatos se alían a empresas extranjeras o a cualquier fuente de recursos ilícitos para incidir en la voluntad popular, al tiempo que comprometen los recursos públicos para beneficio de unos pocos.
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Indotel otorga a la OPTIC autorización para operar como Entidad de Certificación de Firma Digital

La medida tendrá una vigencia de cinco años y persigue garantizar un gobierno electrónico seguro en todo el territorio nacional

El consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aprobó mediante la resolución número 024-18 de este mes de junio del 2018, la solicitud de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), para operar como Entidad de Certificación de Firma Digital.

La medida fue aprobada, adoptada y firmada por el consejo directivo del Indotel que integra su presidente, Luis Henry Molina, y los miembros Yván L. Rodríguez, en representación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, miembro Ex Oficio; Marcos Peña Rodríguez, Fabricio Gómez Mazara y Nelson Guillén Bello, así como César García, secretario ad hoc del organismo regulador.

La autorización fue entregada por el presidente del Indotel, Luis Henry Molina, al director general de la OPTIC, Armando García, durante un acto celebrado en la sede de la institución que recibe.

Significó que esta certificación es un  avance que da más  eficiencia  a  los procesos de las instituciones del país.

Molina dijo que es un honor entregar por primera vez esta certificación a la OPTIC, señalando que  “se ve fácil, pero ha sido una  ardua labor, y quiero felicitar y reconocer por este trabajoal Director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital del  Indotel, César Moliné.

También  trabajaron en la elaboración de la firma digital los técnicos Ruddy Severino y José Luis Hernández, del equipo de especialistas de la OPTIC.



El presidente del Indotel destacó la importancia de esta medida que ha sido adoptada en el marco de las ejecutorias del gobierno electrónico que impulsa el Presidente Danilo Medina a través del programa República Digital.

Declaró que este proceso conllevó una extensa revisión de las políticas y las prácticas de certificación, así como las políticas de seguridad para garantizar la confiabilidad de los sistemas y plataformas. Agregó que se realizaron auditorías de cumplimiento con el citado marco legal y regulatorio por lo que se entendió que no existía objeción para el otorgamiento de dicha autorización.

Mientras que el ingeniero Armando García, puntualizó que se encuentran trabajando para que la firma digital sea aplicada en todo el ecosistema estatal, como parte de su compromiso con un Gobierno Digital, Abierto y Transparente. En ese orden, resaltó el taller impartido por esa entidad a más de 70 instituciones públicas con la finalidad de mostrar los alcances y modo en que se opera la firma.

Hasta el momento el país cuenta con 46 instituciones que utilizan firma digital en sus procesos electrónicos, sin embargo, según las declaraciones de García, a partir del próximo año tendrán disponible más de un millón de certificados para entregar a instituciones y ciudadanos, lo que les permitirá tener este mecanismo para los procesos y servicios realizados de manera electrónica.
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 “Todo esto es parte de nuestro plan de fortalecimiento institucional que estamos desarrollando a fin de asegurar la mejora continua de los servicios de gobierno electrónico que ofrecen las entidades públicas”, expresó. -

Apuntalar gobierno electrónico

La autorización tiene el propósito de facilitar a la OPTIC operar como entidad de certificación, con miras a apuntalar y garantizar un gobierno electrónico seguro en todo el territorio nacional, especialmente en la provisión de certificados de firma digital a instituciones y servidores públicos, señala la resolución.

Igualmente, permitirá afianzar la seguridad y privacidad en todas las interacciones electrónicas que los ciudadanos tienen con los servicios del Estado, particularmente con las transacciones en línea del Programa República Digital. La disposición tendrá una duración de cinco años, contados a partir de la notificación de esta decisión, de conformidad con lo que dispone el artículo 74.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley número 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Establece que la OPTIC deberá ajustarse y dar cumplimiento a todas las regulaciones y normas presentes o futuras dictadas por el Indotel que sean aplicables a los servicios que proveerá, además de observar lo dispuesto por los artículos 40 de la citada Ley y 17 del Reglamento, en lo que concierne a las obligaciones a cargo de las Entidades de Certificación.

La decisión se adoptó a raíz de que la OPTIC se sometiera al proceso de autorización, el cual conllevó una extensa revisión de las políticas y las prácticas de certificación, así como las políticas de seguridad para garantizar la confiabilidad de los sistemas y plataformas.
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