Procurador Jean Rodríguez: recurren en casación sentencia redujo pena a Marlin Martínez

Declaró que la sentencia de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís debe ser corregida, porque si no se corrige, favorece la impunidad y dejaría un nefasto precedente en la correcta aplicación de justicia.

SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó que depositaron ante la Suprema Corte de Justicia el formal recurso de casación contra la sentencia que redujo de cinco a dos años de prisión la pena impuesta a Marlin Martínez por su vinculación al asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero, ocurrido en el mes de agosto de 2017 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Al ofrecer los detalles a la prensa en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jean Rodríguez reafirmó su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias y procurar justicia.

“Cumpliendo con la promesa hecha a los familiares de Emely Peguero y al país de que agotaríamos todos los recursos que la ley pone en nuestras manos para que el lamentable y condenable asesinato de esta joven no quede parcialmente impune, quiero informarles que el pasado lunes 12 de agosto procedimos a depositar ante la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, el formal Recurso de Casación contra la Sentencia No. 125-2019-EPEN-00101, de fecha 15 de mayo de 2019, dictada por la Corte de Apelación de ese departamento judicial”, dijo.

En ese orden, agregó “Cuando hago referencia a que quede parcialmente impune, me refiero a la parte de la sentencia mediante la cual se redujo la pena de cinco a dos años de prisión a la encartada Marlin Martínez, luego que dicha Corte de Apelación variara la calificación jurídica de sustracción de menor y ocultamiento de cadáver a solo  ocultamiento de cadáver, obviando dicho tribunal las pruebas aportadas por el Ministerio Público que señalan a la señora Marlin Martínez como cómplice y, por lo tanto, siendo cómplice, la pena que debió ser impuesta es la de 20 años de prisión como lo establece la ley”.

Afirmó pruebas demuestran su complicidad en el crimen

El jefe del Ministerio Público dijo “Si bien es cierto que nos sentimos satisfechos con la decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís con relación a la parte de la sentencia que condena a la pena máxima de 30 años de prisión a Marlon Martínez por el crimen, no podemos quedarnos indiferentes ante la otra parte de la sentencia, correspondiente a la pena de dos años de prisión impuesta a Marlin Martínez, a pesar de que es evidente y que las pruebas son más que contundentes sobre su complicidad y que la pena a imponer en estos casos no es de 2 años sino de 20 años de prisión”.

Durante su exposición, el procurador general dijo que es obvio que con la sentencia impuesta a Marlin Martínez solo se sancionaría el horrendo crimen a medias, lo cual dijo que de no corregirse, estaría favoreciendo la impunidad y dejando un nefasto precedente en la correcta aplicación de justicia.

“Que burla a la justicia y a los valores más sagrados. 2 años de prisión por un crimen tan horrendo no es suficiente y no es lo que manda la ley”, dijo de manera enfática el máximo representante del Ministerio Público.

Explicó que cuentan con pruebas suficientes que demuestran que Marlin Martínez presionó a su hijo para cometer el asesinato, que le prestó su apartamento para la comisión del mismo, además de que ocultó el cadáver y las cámaras de video para procurar impunidad, entre otros tantos actos propios de un cómplice.

El procurador Jean Rodríguez manifestó estar confiado en que el recurso de casación será acogido en cuanto al fondo, procediendo la Sala Penal a modificar dicha sentencia y a imponer contra la condenada Marlin Martínez la pena de 20 años de prisión por la violación de los artículos 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 304, 303, 303 4.1, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano que tipifican la complicidad para cometer asesinato, actos de tortura o barbarie y autoría de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver.

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